La realidad actual trae consigo un entorno fragmentado por tensiones geopolíticas, barreras comerciales y reformas fiscales, la predictibilidad jurídica se ha transformado en el activo más valioso para los directores de finanzas y los asesores legales. Ante la complejidad para hacer negocios, las empresas multinacionales ya no solo evalúan el potencial de consumo o la disponibilidad de materias primas de un territorio; analizan con rigurosidad técnica el costo de cumplimiento operativo y la agilidad de los procesos administrativos internos.
La burocracia, la velocidad de los trámites ante las entidades del Estado y la velocidad de adopción de plataformas digitales pueden constituir incentivos potentes para la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) o, por el contrario, transformarse en barreras de entrada invisibles que disminuyen la competitividad de un país.
En este escenario, los reportes analíticos globales sirven como herramientas de diagnóstico indispensables, permitiendo evaluar qué economías logran simplificar sus entornos corporativos y cuáles incrementan la presión sobre los equipos contables, de nómina y de gestión de entidades.
El retorno de Perú al top 10 del Índice Global de Complejidad Corporativa
El panorama corporativo en Sudamérica muestra variaciones significativas que impactan de forma directa en las decisiones de expansión de las compañías transnacionales. De acuerdo con los datos oficiales más recientes expuestos por TMF Group, el mercado peruano ha experimentado un cambio de tendencia preocupante en su posicionamiento global.
Tras registrar tres años consecutivos de mejoras paulatinas en la simplificación de sus procesos corporativos, el país ha sufrido un marcado retroceso institucional y administrativo.
Perú volvió a ingresar de manera formal al top 10 de las jurisdicciones del mundo con mayor complejidad para hacer negocios, escalando de forma abrupta desde el puesto 13 hasta el décimo lugar en un periodo de doce meses.
Este indicador cobra una relevancia crítica si se considera que el estudio evalúa de manera minuciosa a 81 economías seleccionadas por concentrar más del 90% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y la gran mayoría de los flujos de inversión global. Este reingreso a las posiciones de mayor dificultad operativa no solo rompe la racha de optimización administrativa que la nación venía sosteniendo, sino que enciende las alarmas entre los operadores económicos sobre la sostenibilidad y la predictibilidad del ecosistema comercial peruano de cara a los próximos años.
Los factores detrás de la complejidad para hacer negocios
El análisis exhaustivo del retroceso peruano en el ranking de TMF Group permite identificar que el problema central no radica en una falta de apertura comercial o en restricciones directas a la inversión, sino en la manera en que el Estado implementa sus reformas de fiscalización.
La persistente e incremental complejidad para hacer negocios en el territorio nacional se atribuye primordialmente a las crecientes exigencias digitales y regulatorias dictadas por los organismos gubernamentales. Las empresas que operan en el país se ven obligadas a adaptar, reconfigurar e integrar de manera constante sus sistemas administrativos y contables para cumplir con normativas de supervisión electrónica que cambian con excesiva frecuencia.
Si bien la digitalización de procesos como la facturación electrónica, los libros contables digitales y la declaración de beneficiarios finales tiene como objetivo formalizar la economía y combatir la elusión fiscal, su aplicación fragmentada y la falta de interoperabilidad entre las agencias del Estado terminan por generar el efecto contrario: una sobrecarga administrativa que asfixia operativamente a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas unidades de negocio.
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A esta complejidad tecnológica se suman las ineficiencias en las áreas de contabilidad e impuestos, la rigidez en la gestión de nóminas y las demoras burocráticas en el registro de nuevas entidades legales ante notarías y registros públicos. La superposición de normativas municipales, sectoriales y nacionales crea un entorno de inseguridad jurídica donde las compañías deben destinar un porcentaje desproporcionado de sus recursos financieros y humanos a tareas puramente de cumplimiento adjetivo, restando agilidad al desarrollo de actividades productivas y comerciales esenciales.
El panorama en América Latina y los corredores comerciales resilientes
Al evaluar el contexto geográfico y macroeconómico regional, los datos confirman que América Latina se mantiene estructuralmente como una de las zonas geográficas con mayores desafíos burocráticos para el capital internacional. A nivel regional, Perú se ubica como el sexto país más complejo de América Latina para el desarrollo de actividades empresariales, compartiendo posiciones de alta dificultad con economías históricamente complejas como Brasil, Colombia y México.
Distribución Regional de la complejidad para hacer negocios – Latam
- Países con Mayor Complejidad Operativa (Top 10 Mundial): Brasil, Colombia, Perú
- Países con Menor Complejidad / Mayor Flexibilidad: Chile, Costa Rica, Uruguay
Como se detalla en el documento de análisis de TMF Group, el mundo corporativo actual está transitando hacia la configuración de vías resilientes y corredores comerciales estratégicos. Frente a las interrupciones en las cadenas de suministro globales causadas por conflictos geopolíticos y volatilidad en los fletes marítimos, muchas corporaciones multinacionales buscan mitigar el riesgo mediante el nearshoring y la relocalización de sus centros de producción en mercados geográficamente más cercanos a sus consumidores finales.
Sin embargo, para que una economía pueda capitalizar estas oportunidades de atracción de inversiones no basta con poseer estabilidad macroeconómica; es indispensable ofrecer un entorno aduanero, fiscal y laboral previsible. La falta de simplificación en los trámites migratorios, la rigidez en los esquemas de teletrabajo transfronterizo y las demoras en la liquidación de divisas actúan como elementos de fricción que desvían los capitales hacia jurisdicciones con menores niveles de complejidad administrativa, limitando el potencial de crecimiento de los países que no logran modernizar sus burocracias estatales.
Complejidad para hacer negocios: Retos y adaptabilidad
El ingreso de Perú al top 10 mundial de complejidad administrativa en 2026 representa una señal inequívoca de que las políticas de modernización del Estado deben ser revisadas bajo un enfoque de facilitación de los negocios. La digitalización de las obligaciones tributarias y de supervisión corporativa debe avanzar hacia la simplificación, la unificación de criterios institucionales y la predictibilidad a largo plazo, evitando que las exigencias tecnológicas se traduzcan en un sobrecosto operativo permanente para el sector privado.
Frente a este escenario desafiante, las corporaciones e inversionistas que deseen mantener la continuidad y rentabilidad de sus operaciones en el mercado peruano no pueden depender de la improvisación. La mitigación de riesgos regulatorios exige contar con el soporte de aliados estratégicos que dominen la legislación local, posean infraestructura tecnológica integrada y transformen la complejidad burocrática en procesos ordenados, transparentes y automatizados. Solo aquellas empresas que demuestren una alta capacidad de adaptabilidad de sus sistemas y un control riguroso de sus obligaciones de cumplimiento lograrán navegar con éxito las fluctuaciones normativas de un mercado global cada vez más exigente, competitivo e incierto.
